El Senado de la República prevé discutir en el próximo periodo de sesiones la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una norma reglamentaria del artículo 2º constitucional que busca garantizar la libre determinación y autonomía de 70 pueblos indígenas y afromexicanos del país.
La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Guadalupe Chavira, informó que ya comenzaron las asambleas regionales del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta. El proyecto de iniciativa se prevé presentar en octubre para que posteriormente sea analizado por el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la senadora, la reforma podría beneficiar a más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades. Por ello, sostuvo que el tema debe ocupar un lugar prioritario en la agenda legislativa.
Consulta definirá el contenido de la ley
El proceso de consulta busca que los propios pueblos y comunidades participen en la definición de los alcances de la legislación. Entre los temas que se prevé abordar están los sistemas normativos, las formas internas de elección, la protección del patrimonio cultural, la defensa del territorio y la administración de recursos públicos.
La propuesta se relaciona con la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas informó en junio que la propuesta de ley fue construida con la participación de especialistas, representantes de los pueblos y comunidades, así como autoridades federales. También señaló que el proceso de consulta nacional contempla la participación de aproximadamente 17 mil comunidades mediante asambleas regionales.
Recursos directos y discusión presupuestal
Chavira recordó que el marco constitucional reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre los proyectos en los que se aplican los recursos federales asignados directamente, mediante procesos de organización y administración comunitaria.
Según la legisladora, en los últimos dos años se han destinado más de 26 mil millones de pesos a obras de infraestructura social básica, como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación. La nueva ley establecería definiciones específicas para fortalecer estos derechos y permitir que sean considerados en la discusión presupuestal de 2027.
El objetivo general de la iniciativa es promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como fortalecer su autonomía y participación en la vida pública nacional. La propuesta deberá concluir su etapa de consulta antes de avanzar hacia su discusión legislativa.