Una indagatoria ministerial refiere que Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, ordenó borrar evidencia relacionada con los hechos ocurridos en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con el documento, la instrucción habría sido comunicada a Lambertina Galeana Marín, quien era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; a Iñaky Blanco Cabrera, procurador estatal, y a Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno. La versión forma parte de una entrevista ministerial rendida por Blanca Ma. del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura estatal.
La instrucción habría involucrado al Palacio de Justicia de Iguala
Según el testimonio citado en la indagatoria, el 29 de septiembre de 2014 Galeana Marín habría informado a Estrada Ortega que el gobernador pidió hablar con ingenieros y técnicos del Palacio de Justicia de Iguala para borrar cualquier evidencia de los hechos sucedidos días antes.
El documento atribuye a la funcionaria la afirmación de que la finalidad era eliminar pruebas que pudieran ser utilizadas para responsabilizar al entonces mandatario o a integrantes de su círculo cercano. La acusación se refiere a una presunta instrucción y no constituye, por sí misma, una sentencia judicial contra Aguirre Rivero.
La desaparición de grabaciones del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala ha sido señalada durante años como uno de los elementos pendientes de esclarecer en la investigación. Reportes previos indican que los videos pudieron haber registrado parte de la agresión contra los normalistas y que el material no fue preservado oportunamente.
El contexto de Guerreros Unidos
La indagatoria también describe a Guerreros Unidos como una organización criminal derivada de una escisión de los Beltrán Leyva, con presencia en la región central de México y actividades relacionadas con la extorsión, el secuestro y el tráfico de heroína. El grupo mantenía una disputa con Los Rojos por el control de rutas delictivas, una rivalidad que aparece entre las líneas de contexto del expediente.
En septiembre de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de varios exfuncionarios de Guerrero por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, entre ellos Iñaky Blanco Cabrera y Lambertina Galeana Marín. Estas actuaciones forman parte de una investigación más amplia sobre la desaparición de los estudiantes, la posible participación de autoridades y la pérdida de evidencia durante las pesquisas iniciales.
Ángel Aguirre Rivero ha negado responsabilidad en la desaparición de los videos y ha sostenido que nunca dio instrucciones sobre el manejo de ese material. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con los normalistas y establecer responsabilidades individuales conforme a las pruebas disponibles.