La administración de Donald Trump modificó el procedimiento para reportar posibles casos de trata laboral o sexual que involucren a menores migrantes bajo custodia federal en Estados Unidos. A partir de un memorando fechado el 10 de septiembre, los cuidadores deberán presentar las denuncias ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que decidirá cuáles remitir a la Oficina de Trata de Personas.
El cambio alcanza a alrededor de mil 800 menores que permanecen bajo custodia federal después de llegar al país sin sus padres o de ser detenidos junto con familiares que no tenían presencia legal en Estados Unidos. También contempla a menores que fueron liberados, pero continúan bajo supervisión.
La medida modifica una práctica vigente que permitía a los proveedores de cuidado notificar directamente a la Oficina de Trata de Personas cuando identificaban señales de posible explotación. Esa oficina fue creada para prevenir la trata y facilitar la protección y los servicios para las víctimas.
El gobierno argumenta que busca reducir reportes improcedentes
La administración sostiene que el nuevo filtro agilizará el seguimiento de las denuncias y reducirá los casos que no cumplen con los elementos legales de trata de personas, pero que aun así activaban beneficios y medidas de protección.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados señaló que una revisión realizada el año pasado encontró que 95% de más de nueve mil reportes no contenía elementos suficientes para ser considerado una posible pista de trata para investigadores penales. Sin embargo, 58% de los reportes presentados por empleados de refugios y administradores de casos sí calificó para beneficios relacionados con la trata.
Con el nuevo procedimiento, los proveedores deberán entregar la información a la oficina que supervisa el alojamiento de los menores no acompañados. Esa instancia investigará inicialmente los reportes y decidirá cuáles deben enviarse a la oficina especializada para una revisión adicional.
Defensores advierten posibles retrasos y pérdida de protección
Organizaciones defensoras de sobrevivientes de trata consideran que el cambio puede retrasar la identificación de víctimas y dificultar que algunos menores accedan a servicios, asilo o visas destinadas a personas afectadas por este delito.
Jean Bruggeman, de Freedom Network USA, advirtió que algunos niños podrían ser deportados antes de recibir la atención necesaria y quedar expuestos nuevamente a situaciones de peligro. El senador demócrata Ron Wyden también cuestionó que las denuncias deban pasar primero por la agencia responsable de mantener a los menores bajo custodia.
Jen Smyers, exsubdirectora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la administración de Joe Biden, puso en duda que el nuevo proceso sea más rápido. Señaló que la oficina encargada de la custodia no cuenta con la misma especialización para evaluar posibles casos de trata y que una revisión adicional podría provocar que denuncias legítimas se retrasen o no avancen.
Qué beneficios pueden obtener los menores identificados como víctimas
Cuando una denuncia es certificada por la oficina especializada, el menor puede ser elegible para salir de alojamientos temporales, ser colocado con una familia de acogida y asistir a una escuela pública. La determinación no impide por sí sola una deportación, pero puede respaldar solicitudes de asilo o de visas para víctimas de trata.
La identificación también puede permitir el acceso a servicios de nutrición, vivienda y otras prestaciones públicas después de la liberación de la custodia federal. Los menores migrantes son considerados especialmente vulnerables a la explotación laboral y sexual durante su permanencia en sus países de origen, el trayecto hacia Estados Unidos y después de su llegada.
La directiva entra en vigor en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Trump. Sus efectos dependerán de la forma en que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados aplique el nuevo filtro y de si las denuncias llegan oportunamente a la instancia especializada.