La audiencia de Ángel Aguirre Rivero se reanudó este martes 11 de agosto de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. El exgobernador de Guerrero compareció ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien deberá determinar si lo vincula o no a proceso por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa.
Aguirre Rivero llevaba cinco días recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Por orden judicial, fue trasladado al centro de justicia para continuar la audiencia de imputación, luego de que él y su defensa solicitaran la ampliación del plazo constitucional para preparar pruebas y responder a los señalamientos de la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía acusa al exmandatario de Guerrero de haber ordenado la desaparición de grabaciones vinculadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la diligencia previa, los representantes de la FGR señalaron que Aguirre habría ordenado destruir un disco DVD con imágenes captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con la imputación, el material mostraría el traslado de estudiantes entre autobuses bajo vigilancia de policías y hombres armados.
La Fiscalía también sostuvo que una integrante del Consejo de la Judicatura entregó el video al entonces gobernador después de retirarlo de la oficina de Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Además, afirmó que Aguirre habría instruido al exprocurador estatal Iñaki Blanco y a su sobrino Eduardo Aguirre para ocuparse del material y desaparecer evidencias relacionadas con los normalistas.
El exgobernador se presentó en silla de ruedas y manifestó tener problemas de salud. Sin embargo, el juez le negó previamente la posibilidad de continuar el proceso bajo prisión domiciliaria. Ante el juzgador, Aguirre Rivero declaró: “Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”.
La resolución sobre su situación jurídica dependerá de los argumentos de la defensa y de los datos de prueba presentados por la Fiscalía. Hasta que exista una determinación judicial, los señalamientos en su contra permanecen como imputaciones dentro del proceso penal.